La crisis del PAMI abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires denunció el deterioro de las prestaciones, reclamó respuestas al Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones y advirtió que las restricciones en clínicas y sanatorios privados pueden trasladar más pacientes a los hospitales bonaerenses.
El pronunciamiento se conoció en medio de un conflicto que incluyó un paro nacional de 96 horas, entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre, impulsado por médicos de cabecera y odontólogos que reclaman una actualización de los honorarios. Para la entidad bonaerense, sin embargo, el problema excede los ingresos de los profesionales: está en juego la continuidad de la atención de jubilados y pensionados y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
En su segundo comunicado de octubre, el Consejo Superior del Colegio cuestionó el desfinanciamiento del organismo y sostuvo que el ordenamiento fiscal no puede justificar el deterioro de la asistencia. La institución describió la situación como una política de “asfixia programada” sobre los prestadores y apuntó contra las máximas autoridades sanitarias nacionales por la falta de diálogo y de soluciones.
El documento también incluyó una acusación de gravedad institucional al mencionar un posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El planteo, no obstante, no equivale a una denuncia judicial presentada contra Lugones: hasta el momento, algunas entidades prestadoras evalúan recurrir a la Justicia por los incumplimientos que aseguran sufrir.
La crisis nacional presiona sobre los hospitales bonaerenses
Una de las principales preocupaciones del Colegio es que las dificultades para acceder a la atención en clínicas y sanatorios contratados por el PAMI terminen trasladándose a los efectores públicos de la Provincia y los municipios.
Cuando se restringen prestaciones o se interrumpen convenios, los afiliados pueden verse obligados a recurrir a hospitales públicos que ya deben responder a emergencias, internaciones y consultas de personas sin cobertura médica. El resultado, advirtió la entidad, puede ser una mayor saturación de guardias, demoras en las derivaciones y dificultades para sostener tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas.
El Colegio definió ese escenario como un “colapso inducido”: las consecuencias de los problemas de financiamiento de una cobertura nacional recaen también sobre el sistema sanitario bonaerense, que debe destinar recursos adicionales para responder a la demanda.
La advertencia encuentra un antecedente reciente en el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende, de Mar del Plata. En septiembre, la Provincia informó que el establecimiento había registrado 45 pacientes en la guardia y otros 17 a la espera de una derivación de mayor complejidad, sin camas disponibles. El Ministerio de Salud bonaerense vinculó parte de esa presión con las dificultades de atención de afiliados del PAMI en establecimientos privados.
El ministro provincial Nicolás Kreplak también advirtió que los problemas de las coberturas nacionales repercuten en los hospitales financiados por la Provincia y los municipios. Así, las dificultades de acceso no solo perjudican a los jubilados, sino que también agregan presión sobre recursos públicos destinados a atender al conjunto de la población.
Julio Dunogent, secretario general del Colegio de Médicos bonaerense, señaló que el deterioro alcanza a odontólogos, bioquímicos, farmacias y centros de diagnóstico. Las demoras para obtener medicamentos, turnos y estudios forman parte de un problema que, según la entidad, compromete el funcionamiento de toda la red asistencial.
Honorarios que no alcanzan y prestaciones en riesgo
La protesta de APPAMIA, la organización de profesionales que atienden a los afiliados del PAMI, se produjo después de otra huelga de 72 horas, realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Durante el paro más reciente se mantuvieron las urgencias, mientras que las consultas habituales y numerosos turnos programados fueron suspendidos o reprogramados según la adhesión de los prestadores.
El reclamo se concentra en el sistema de pago por cápita, que establece una suma mensual por cada afiliado asignado al profesional. Según los representantes del sector, los médicos de cabecera reciben alrededor de $2.700 por paciente y reclaman que el monto se eleve a $4.500. Los odontólogos, por su parte, denunciaron remuneraciones insuficientes para afrontar los costos de funcionamiento de sus consultorios.
El conflicto se profundizó tras los cambios aplicados en abril, cuando el PAMI trasladó determinadas prestaciones al esquema capitado. Mientras el organismo presentó la reforma como una reorganización administrativa, los profesionales cuestionaron que la eliminación del pago separado por algunas consultas redujo sus ingresos reales.
Al finalizar la última medida de fuerza, APPAMIA informó que había recibido una propuesta para elevar la cápita médica a $3.000, pero la consideró insuficiente. En La Plata, durante la protesta, se reprogramaron turnos no urgentes, una muestra del impacto concreto que la disputa tiene sobre los afiliados.
El reclamo apunta al Ministerio de Salud
El Colegio de Médicos exige una mesa de negociación entre el Ministerio de Salud, las autoridades del PAMI y los prestadores; una actualización inmediata de los valores; el pago de las deudas acumuladas; y garantías para sostener la continuidad de los servicios.
Los pedidos ya figuraban en el comunicado difundido el 7 de octubre, pero la nueva declaración endureció las críticas hacia la conducción nacional y cuestionó la falta de respuestas institucionales.
En paralelo, algunas entidades prestadoras analizan presentar acciones judiciales. Por ahora, no se informó de una demanda concretada contra Lugones, aunque el señalamiento sobre las responsabilidades de los funcionarios agregó una dimensión jurídica al conflicto.
La disputa expone dos problemas que se retroalimentan: profesionales e instituciones que denuncian que los ingresos no alcanzan para sostener las prestaciones y jubilados que enfrentan dificultades crecientes para acceder a consultas, estudios y tratamientos. En la Provincia, la preocupación se extiende a un sistema público que podría recibir una parte cada vez mayor de esa demanda sin contar necesariamente con recursos adicionales.
El Colegio reclama una respuesta nacional que permita normalizar los pagos y preservar la red de atención del PAMI. Mientras no haya una salida, los afiliados seguirán expuestos a interrupciones y los hospitales bonaerenses, a una presión adicional sobre su capacidad asistencial.
