El Gobierno de Javier Milei declaró secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas y dejó fuera del acceso público los principales datos de la operación: qué materiales se comprarán, quién será el proveedor y cuánto costará. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial.
La disposición lleva las firmas del Presidente y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y habilita un régimen de reserva para las contrataciones vinculadas con el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
El decreto se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley 24.948 y el Decreto 9390/1963, que regula la clasificación de información relacionada con las actividades de defensa. Según los fundamentos oficiales, las características y la finalidad de la adquisición justifican restringir su conocimiento a personas autorizadas, debido al riesgo que su divulgación podría representar para la seguridad nacional.
La clasificación permite exceptuar a los organismos contratantes de determinadas obligaciones de publicidad y difusión de las actuaciones. Además, autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a realizar los procedimientos necesarios para concretar la operación.
Qué datos quedaron fuera del acceso público
El decreto no identifica el equipamiento que se busca incorporar ni precisa si estará destinado al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Tampoco informa el presupuesto, los proveedores ni las condiciones comerciales de la contratación.
Por eso, no es posible determinar si se trata de armamento, vehículos, sistemas tecnológicos o material logístico. La información publicada tampoco permite establecer si la adquisición amplía programas anteriores o forma parte de un proyecto nuevo.
El expediente es diferente del utilizado para las contrataciones vinculadas con los aviones de combate F-16, aunque esa diferencia no permite conocer el objeto de la nueva compra.
La utilización del secreto militar está contemplada en la normativa vigente y no implica por sí misma la existencia de irregularidades. Sin embargo, la reserva limita la posibilidad de conocer y evaluar públicamente el destino de los recursos involucrados.
US$445 millones en armamento y seguridad
La nueva adquisición se incorpora a una política de reequipamiento que, de acuerdo con un relevamiento de contrataciones electrónicas y acuerdos bilaterales, acumuló operaciones por US$445.026.954 entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
De ese total, aproximadamente US$381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y otros US$63,7 millones al área de Seguridad.
El mayor volumen de operaciones se registró en 2024, con US$357,8 millones. En 2025, el monto fue de US$59,4 millones, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó aproximadamente US$27,8 millones.
Según la metodología del relevamiento, el acumulado supera los US$428,7 millones registrados durante la presidencia de Alberto Fernández en el mismo rubro y los US$72 millones correspondientes al gobierno de Mauricio Macri.
Esos montos abarcan operaciones anteriores y no permiten calcular el costo de la compra declarada secreta el lunes, cuyo presupuesto no fue publicado.
F-16, blindados y helicópteros
Entre las principales incorporaciones de la gestión de Milei figura la compra de 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por US$301,2 millones. El programa contempla 16 aeronaves monoplaza y ocho biplaza, con un esquema de pago distribuido en cinco cuotas anuales.
Los primeros seis aviones llegaron al país en diciembre de 2025 y otros seis arribaron en septiembre de 2026. La incorporación de las unidades restantes está prevista para etapas posteriores.
También se acordó la adquisición de ocho vehículos blindados Stryker 8×8 a Estados Unidos por aproximadamente US$20 millones, con posibilidades de ampliar el programa.
Otro proyecto contempla hasta 20 helicópteros UH-60L Black Hawk provenientes de reservas estadounidenses, con un techo presupuestario de US$140 millones. Para la Armada, además, se adquirieron cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion a Noruega por US$60 millones.
Las operaciones tienen diferentes cronogramas de financiación, contratación y entrega, por lo que sus montos no deben interpretarse como desembolsos realizados en un mismo período.
Malvinas y los planes de inversión para 2027
La declaración de secreto militar se conoció en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y las actividades económicas en el Atlántico Sur.
En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó medidas relacionadas con empresas que operan en el archipiélago sin autorización nacional y anunció iniciativas vinculadas con la presencia y las capacidades operativas del país en el extremo sur.
Sin embargo, el Decreto 1205/2026 no establece que la nueva adquisición esté destinada al Atlántico Sur ni que tenga relación directa con la disputa por Malvinas.
El proyecto de Presupuesto 2027 también contempla posibles inversiones militares de gran magnitud. Entre ellas figuran autorizaciones de endeudamiento por US$2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales y otros US$1.200 millones para dos fragatas multimisión destinadas a la Armada.
Esas previsiones no constituyen contratos concretados: su ejecución depende de las autorizaciones correspondientes y de las condiciones de financiación que se acuerden.
Mientras el Gobierno avanza con sus planes de reequipamiento, la nueva compra militar seguirá fuera del escrutinio público en sus aspectos centrales. Por ahora, no se conocen el monto de la operación, el equipamiento que se incorporará ni la identidad del proveedor.
