La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a movilizarse contra las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y denunció que una nueva reestructuración en el Ministerio de Capital Humano podría derivar en más despidos y en el debilitamiento de áreas estratégicas vinculadas al trabajo, la educación y la niñez.
La protesta se realizó frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, a quien el gremio responsabiliza por la reducción de personal y el desmantelamiento de organismos públicos. Según denunciaron los trabajadores, la iniciativa oficial se presenta como una reorganización administrativa, pero en los hechos implica un nuevo paso en el proceso de ajuste sobre el Estado.
La preocupación surgió tras conocerse un proyecto de decreto que modificaría la estructura de gestión administrativa de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello. La medida impactaría sobre las secretarías de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia, eliminando áreas consideradas esenciales para el funcionamiento cotidiano de esos organismos.
Desde ATE advirtieron que el recorte alcanzaría sectores administrativos, jurídicos, presupuestarios, informáticos, de infraestructura y recursos humanos. Para el sindicato, la decisión no sólo pone en riesgo puestos laborales sino que también afecta la capacidad del Estado para implementar políticas públicas en áreas sensibles.
Durante la conferencia de prensa realizada en el marco de la protesta, los trabajadores cuestionaron la continuidad del ajuste y acusaron al Gobierno de intentar avanzar con las reformas mientras la atención pública se concentra en otros temas. Además, señalaron a Sturzenegger como el principal ejecutor de la reducción de personal en la administración pública nacional.
La reestructuración se apoya en el decreto 378/2026, firmado en mayo, que habilita cambios en la organización interna de Capital Humano y en los objetivos de las áreas dependientes. Según el gremio, esa herramienta ya fue utilizada para eliminar estructuras de gestión administrativa dentro de las secretarías que integran el ministerio.
Daniela Frencia, referente de ATE-Trabajo, sostuvo que sin esas áreas de apoyo resulta imposible garantizar el funcionamiento de las políticas laborales, educativas y sociales. En ese sentido, alertó que el ajuste no se limita a una reducción de cargos administrativos, sino que afecta directamente la capacidad operativa del Estado.
El conflicto se desarrolla en un contexto marcado por sucesivas tandas de despidos en la administración pública desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. ATE sostiene que el Gobierno profundiza un esquema de reducción estatal que combina cesantías, congelamiento de vacantes y programas de retiro voluntario.
Precisamente, fuentes oficiales reconocieron que distintos organismos ya impulsan mecanismos de desvinculación voluntaria como parte de la estrategia para reducir la planta de personal. Para los sindicatos, se trata de una herramienta de presión que busca acelerar la salida de trabajadores antes de eventuales despidos formales.
Frente a este escenario, ATE ratificó que continuará con las medidas de fuerza para defender los puestos de trabajo y reclamar mejoras salariales. El gremio sostiene que la nueva reestructuración confirma que el proceso de vaciamiento del Estado continúa avanzando y advierte que sus consecuencias podrían sentirse tanto en el empleo público como en la prestación de servicios esenciales en todo el país.
