La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso inédito en el sistema judicial argentino al avanzar en la regulación del uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de los tribunales. El máximo tribunal puso en consulta pública un proyecto de reglamento que establece límites estrictos para la utilización de estas tecnologías y reafirma que las decisiones judiciales seguirán siendo una responsabilidad exclusivamente humana.
La iniciativa forma parte del proceso de modernización tecnológica impulsado por la Corte y busca fijar criterios claros para la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en tareas administrativas y de apoyo a la actividad judicial, sin que ello implique reemplazar el razonamiento de jueces y funcionarios.
El proyecto, que permanecerá abierto a observaciones hasta el 7 de agosto, también contempla la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial encargada de supervisar la implementación de estas herramientas y garantizar su utilización de acuerdo con principios éticos y jurídicos.
Uno de los puntos centrales del reglamento establece que la función jurisdiccional es indelegable. En consecuencia, ningún sistema de inteligencia artificial podrá intervenir en la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni en la construcción de los argumentos jurídicos que fundamentan sentencias o resoluciones.
La Corte reconoce que la inteligencia artificial ya forma parte de numerosos sistemas judiciales alrededor del mundo y que puede aportar beneficios en áreas como la gestión de expedientes, el análisis de información, la organización de jurisprudencia o la atención de consultas. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos asociados a estas tecnologías, entre ellos la reproducción de sesgos, la generación de errores y la producción de contenidos inexactos.
Por ese motivo, el reglamento establece que jueces, funcionarios y empleados judiciales mantendrán en todo momento la responsabilidad sobre los actos en los que participen herramientas de inteligencia artificial. Además, deberán realizar controles sustantivos y documentados sobre los resultados generados por estos sistemas.
La resolución también incorpora restricciones específicas para el manejo de información sensible. En ese sentido, se prohíbe el uso de plataformas de inteligencia artificial de acceso público o comercial para procesar datos vinculados a causas judiciales, investigaciones en trámite o información protegida, con el objetivo de evitar filtraciones o usos indebidos fuera del control institucional.
Con esta iniciativa, la Suprema Corte busca aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías sin resignar garantías fundamentales, en un contexto donde el avance de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el funcionamiento de la Justicia.
