La política de ajuste del Gobierno de Javier Milei volvió a reflejarse en la ejecución del presupuesto nacional. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que, al cierre del primer semestre de 2026, el gasto de la Administración Pública Nacional acumuló una caída real del 34% respecto del mismo período de 2023. Incluso frente a junio del año pasado, el presupuesto ejecutado mostró una baja del 4% descontando el efecto de la inflación.
El trabajo, elaborado sobre datos oficiales, sostiene que la reducción del gasto se concentró en áreas vinculadas con la salud, la educación, la ciencia, la infraestructura, el desarrollo productivo y las políticas sociales. Al mismo tiempo, remarca que crecieron los recursos destinados al pago de la deuda y que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue uno de los pocos organismos que aumentó su presupuesto.
Uno de los sectores más afectados fue el sistema de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud registró una caída real del 64%, mientras que la ANMAT perdió un 42% de sus recursos y el Instituto Malbrán un 32%. Los hospitales nacionales también sufrieron recortes: el Baldomero Sommer redujo su ejecución un 44%, el Laura Bonaparte un 31%, el Posadas un 17% y el Ramón Carrillo un 18%. La única excepción fue el INCUCAI, que incrementó su presupuesto un 68%.
La educación también aparece entre las áreas más castigadas. El informe señala que programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante el primer semestre. Además, las becas estudiantiles cayeron un 83%, la formación docente un 90% y las partidas destinadas a infraestructura escolar un 96%.
El ajuste también alcanzó al sistema científico. El programa de Promoción de la Investigación y la Innovación perdió el 88% de sus recursos reales. La CONAE sufrió un recorte del 64%, el CONICET del 35%, la Fundación Miguel Lillo del 36%, la CONEAU del 35% y el Servicio Meteorológico Nacional del 33%.
En el área productiva, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su ejecución un 79%, mientras que el INTI y el Instituto Nacional de Semillas registraron caídas del 54%. El INTA también vio disminuir sus recursos, con un retroceso del 16%.
Los programas de asistencia social tampoco escaparon al ajuste. Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social no tuvieron ejecución, mientras que el programa de Primera Infancia cayó un 93%. Los fondos destinados a comedores y merenderos se redujeron un 65% y la Prestación Alimentar perdió un 37% de su presupuesto en términos reales.
La obra pública fue otra de las áreas más golpeadas. Según CEPA, varios programas directamente no ejecutaron recursos durante el primer semestre. Entre ellos figuran las obras de infraestructura para municipios, proyectos viales y trabajos de seguridad en rutas nacionales. Además, el programa de Desarrollo de Obra Pública cayó un 98%, las obras de pavimentación un 96% y las destinadas a la Cuenca Matanza-Riachuelo un 97%.
El informe también advierte un fuerte recorte en las transferencias a provincias y municipios. La asistencia técnica a los gobiernos locales cayó un 97%, la asistencia financiera un 99% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires dejó de recibir recursos.
Como contrapartida del ajuste sobre estas áreas, el estudio destaca que los servicios de la deuda ganaron participación dentro del presupuesto nacional, al pasar del 9% al 13% del gasto total ejecutado entre 2023 y 2026. Además, la SIDE incrementó su ejecución un 17% en términos reales, convirtiéndose en una de las pocas dependencias que recibió más fondos en medio del proceso de reducción del gasto público.
