La Cámara Federal de San Martín autorizó al Gobierno nacional a avanzar con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, una decisión que dejará sin efecto una prestación mensual de $78.000 que alcanzaba a unas 900.000 personas en todo el país. El fallo revocó la medida cautelar que había ordenado mantener el beneficio mientras se resolvía el reclamo judicial presentado por organizaciones sociales.
La resolución representa un respaldo a la estrategia del Ministerio de Capital Humano, que desde hace meses buscaba reemplazar el programa por un esquema basado en vouchers de capacitación laboral.
El tribunal dejó sin efecto la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había hecho lugar a un amparo colectivo y ordenado que el Estado continuara pagando el beneficio hasta que se resolviera la cuestión de fondo.
Con esta nueva sentencia, el Ejecutivo quedó habilitado para discontinuar definitivamente el programa, creado para acompañar a trabajadores de la economía popular mediante una asignación mensual que permanecía congelada en $78.000 desde diciembre de 2023.
La UTEP cuestionó el fallo
La decisión judicial fue duramente cuestionada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que sostuvo que la Cámara priorizó criterios administrativos por encima de la situación social de cientos de miles de familias.
En un comunicado difundido tras conocerse el fallo, la organización afirmó que la resolución “priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”.
Desde la UTEP también rechazaron que la prestación haya sido considerada una asignación vinculada exclusivamente a procesos de capacitación, al sostener que, en la práctica, funcionaba como un ingreso indispensable para afrontar gastos básicos.
La organización advirtió que la eliminación del programa podría empujar a la indigencia a una parte importante de sus beneficiarios, que utilizaban ese dinero como complemento para cubrir necesidades esenciales.
El Gobierno podrá reemplazar el plan por vouchers
En su resolución, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández respaldaron el argumento del Ministerio de Capital Humano de que el programa tenía una duración limitada de 24 meses y que el Estado estaba facultado para sustituirlo por un sistema de vouchers destinados a la capacitación de los trabajadores.
La medida forma parte de la política de reestructuración de los programas sociales impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que sostiene que la asistencia debe orientarse hacia la formación e inserción laboral.
Tras el fallo, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, anticipó que la organización profundizará su plan de lucha. Confirmó que acompañarán la movilización de jubilados prevista para el 22 de julio frente al Congreso y convocó a una nueva jornada nacional de protesta para el 7 de agosto bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
Además, adelantó que, junto con la CGT y las dos CTA, impulsarán una movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar por la situación social y el impacto que, según denuncian, están teniendo los recortes sobre los sectores más vulnerables.
