La decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar la obra pública continúa profundizando la crisis de uno de los sectores más importantes de la economía argentina. Empresarios, sindicatos y funcionarios bonaerenses coincidieron en advertir que la falta de inversión ya provoca una fuerte caída de la actividad, destruyó miles de puestos de trabajo y compromete el desarrollo de infraestructura clave en todo el país.
Las advertencias quedaron en evidencia durante el acto por los 80 años de CAMARCO Provincia de Buenos Aires, realizado en el Teatro Argentino de La Plata. Allí, representantes del sector privado y del Gobierno provincial coincidieron en señalar que el freno de las obras nacionales está generando consecuencias que van mucho más allá de la construcción.
El presidente de AUBASA, José Arteaga, sostuvo que el sector atraviesa uno de sus momentos más delicados y destacó que numerosas empresas sobreviven gracias al acompañamiento de la Provincia. Además, remarcó la necesidad de mantener una articulación entre el Estado y el sector privado para sostener las inversiones.
La preocupación encuentra respaldo en los números. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, estimó que desde diciembre de 2023 se perdieron entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo, mientras que el nivel de actividad permanece aproximadamente un 25% por debajo del registrado antes del cambio de gobierno.
A esa situación se suma, según denunció el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, la ausencia de funcionarios nacionales con quienes discutir políticas vinculadas a infraestructura, vivienda y empleo, en un contexto donde las provincias no logran reemplazar los recursos que antes aportaba la Nación.
Frente al retiro del Estado nacional, el gobierno de Axel Kicillof decidió reforzar su política de inversión pública. Durante las últimas semanas el gobernador recorrió distintos municipios bonaerenses para inaugurar viviendas, escuelas, obras hidráulicas, proyectos energéticos y firmar nuevos convenios de infraestructura.
En cada una de esas actividades, Kicillof volvió a cuestionar la paralización de miles de obras nacionales, entre ellas más de 16.000 viviendas y decenas de establecimientos educativos que permanecen sin finalizar en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los ejes más fuertes de la gestión bonaerense también pasa por la continuidad de los Centros de Desarrollo Infantil abandonados por la Nación. La Provincia resolvió financiar su terminación junto a los municipios y ya logró finalizar doce de esas obras.
El ministro Gabriel Katopodis convirtió esa política en una de las principales banderas del Gobierno provincial. Durante una recorrida por Florencio Varela afirmó que detener la obra pública “es una tragedia para cualquier país” y responsabilizó directamente a la administración libertaria por la paralización de más de 2.300 proyectos de infraestructura en todo el territorio nacional.
Al mismo tiempo, la Provincia avanzó con cambios en la reglamentación de la Ley de Obra Pública para agilizar contrataciones, facilitar el financiamiento de proyectos de largo plazo y acelerar la ejecución de obras estratégicas.
En medio de la recesión que atraviesa el sector, la construcción se convirtió en uno de los principales puntos de confrontación entre Nación y Provincia. Mientras la Casa Rosada sostiene que el ajuste fiscal requiere abandonar la inversión pública y dejar el desarrollo en manos del sector privado, el gobierno bonaerense insiste en que la infraestructura estatal resulta indispensable para generar empleo, impulsar la economía y garantizar igualdad de oportunidades en los municipios.
