El mercado laboral argentino atraviesa un proceso de creciente precarización, marcado por la pérdida de empleos registrados y el avance de changas, trabajos informales y actividades por cuenta propia con menores ingresos y niveles de protección. Desde 2024, más de 350 mil personas pasaron a desempeñarse en ocupaciones consideradas precarias.
Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al primer trimestre de 2026. El relevamiento advierte que el 45,2% de las personas ocupadas se encuentra actualmente en condiciones de desprotección laboral.
La categoría comprende a trabajadores que no cuentan con aportes jubilatorios, estabilidad, continuidad, capital propio o una estructura laboral estable. De acuerdo con el informe, una parte de quienes perdieron puestos formales recurrió a changas, trabajos informales o actividades independientes para sostener sus ingresos.
Aunque estas personas continúan figurando como ocupadas en las estadísticas oficiales, sus nuevas actividades no necesariamente garantizan un salario estable, vacaciones, cobertura de salud, licencias, indemnización ni aportes previsionales.
El deterioro también se refleja en los ingresos. Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los trabajadores fue de $1.076.056 mensuales. Sin embargo, los cuentapropistas percibieron alrededor de $524.000, aproximadamente un 51% menos que el promedio general, mientras que los asalariados informales cobraron cerca de $700.000, un 35% menos.
La pérdida de ingresos se combina con una menor cobertura social y previsional. La expansión del trabajo no registrado también deja a más personas fuera de los convenios colectivos y de las herramientas tradicionales de protección laboral, al tiempo que reduce los aportes destinados al sistema previsional y las obras sociales.
Los jóvenes aparecen entre los grupos más afectados. Según el relevamiento, la tasa de desprotección laboral pasó del 53% en 2024 al 62% en 2026, un aumento de nueve puntos porcentuales en apenas dos años.
Entre los varones jóvenes se perdieron 30 mil puestos en el sector público y otros 96 mil empleos privados considerados protegidos. En total, desaparecieron 126 mil puestos de calidad para ese grupo, mientras que 65 mil jóvenes más pasaron a integrar el universo de trabajadores desprotegidos.
La situación también presenta un fuerte impacto sobre las mujeres. En los últimos dos años, la cantidad de trabajadoras dentro del sector privado desprotegido aumentó 14,1%, frente al 9,3% registrado entre los varones.
El informe vincula esta diferencia con la caída del empleo público, un sector con una importante participación femenina. De los aproximadamente 212 mil puestos estatales perdidos desde el cambio de gestión nacional, 132 mil correspondían a mujeres y 79 mil a varones.
Parte de esas trabajadoras se volcó posteriormente a actividades privadas sin registro o a empleos por cuenta propia, generalmente con menores niveles de estabilidad y protección social.
El deterioro también alcanza a los adultos mayores. La cantidad de personas en edad jubilatoria que permanecieron o regresaron al mercado laboral aumentó 14% durante los últimos dos años. En la mayoría de los casos, el regreso estuvo asociado a trabajos informales o sin cobertura social, principalmente para complementar ingresos previsionales insuficientes.
El escenario muestra así una transformación del mercado laboral: el problema no pasa únicamente por cuántas personas tienen una ocupación, sino también por qué tipo de empleo consiguen, cuánto ganan y qué derechos conservan.
La pérdida de puestos registrados y su reemplazo por modalidades más inestables implica que una persona puede seguir figurando como ocupada mientras pierde estabilidad, ingresos y acceso a derechos laborales. El resultado es un mercado con mayor nivel de desprotección y una creciente distancia entre tener trabajo y contar con un empleo que permita sostener condiciones de vida dignas.
