La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la medida cautelar que había frenado los aumentos de electricidad en La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el Gobierno bonaerense podrá volver a liquidar las subas de entre el 1,5% y el 3,5% en las próximas facturas, mientras continúa el proceso judicial.
La decisión llegó tras las apelaciones presentadas por la Provincia y las cuatro principales distribuidoras eléctricas bonaerenses: EDEN, EDEA, EDES y EDELAP. El incremento había sido dispuesto mediante la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura, pero el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había ordenado suspenderlo a partir de un planteo de la Defensoría del Pueblo.
Ahora, la Cámara concedió efecto suspensivo a esa cautelar, lo que permite restablecer transitoriamente la aplicación del ajuste tarifario. Sin embargo, el tribunal todavía no resolvió la cuestión de fondo ni se pronunció definitivamente sobre la validez de la medida que había frenado los aumentos.
La resolución alcanza a los usuarios abastecidos por EDELAP, en La Plata; EDES, en el sur bonaerense; EDEA, en la Costa Atlántica; y EDEN, en el norte provincial. También comprende a las más de 200 cooperativas eléctricas que prestan el servicio en distintas localidades del interior.
Los argumentos de la Provincia
Para pedir la suspensión de la cautelar, el Gobierno bonaerense sostuvo que impedir la aplicación del aumento podía comprometer la continuidad y la sustentabilidad del servicio eléctrico. Según su planteo, la reducción de los ingresos previstos afectaría la capacidad de las distribuidoras para afrontar los costos de la energía, mantener las redes, realizar inversiones y cumplir con sus obligaciones laborales y contractuales.
La Fiscalía también advirtió sobre dificultades técnicas para instrumentar la medida judicial. De acuerdo con informes del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), los componentes nacionales y provinciales forman parte de un único cuadro tarifario y no pueden liquidarse por separado sin generar inconvenientes operativos y de control.
Al analizar el recurso, la Cámara consideró que los argumentos presentados aportaban elementos suficientes para advertir, en esta etapa preliminar, un posible perjuicio al interés público. En particular, tomó en cuenta los riesgos planteados para la prestación del servicio y las dificultades técnicas señaladas por el organismo de control.
El reclamo todavía no tiene una resolución definitiva
Con esos fundamentos, el tribunal resolvió otorgar efecto suspensivo a la apelación contra la cautelar. Esto significa que el freno judicial a los aumentos queda suspendido mientras avanza el análisis del recurso.
La Cámara aclaró, no obstante, que su decisión no implica validar definitivamente el incremento ni resolver el planteo original de la Defensoría del Pueblo. Esos puntos deberán ser examinados cuando se trate la cuestión principal.
Por lo tanto, las distribuidoras podrán volver a aplicar los ajustes previstos en las próximas boletas, aunque la disputa judicial sobre la legalidad de los aumentos continúa abierta.
