La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, una normativa cuya ejecución viene siendo rechazada por el Gobierno desde su sanción en el Congreso.
Con la firma de sus tres integrantes, el Máximo Tribunal desestimó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y confirmó también el rechazo a las recusaciones planteadas en la causa. De esta manera, quedó consolidada la vigencia de la orden judicial que exige la implementación de parte de la ley.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, que cuestionaron el decreto 759/2025 mediante el cual el Gobierno estableció que la ley solo podía aplicarse una vez definidas las fuentes específicas de financiamiento.
En ese marco, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal había dictado una medida cautelar ordenando al Estado cumplir de manera inmediata con dos artículos centrales de la norma, decisión que luego fue ratificada por la Cámara del fuero y finalmente confirmada por la Corte.
Los artículos alcanzados por la cautelar establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.
Con esta resolución, el Máximo Tribunal puso fin a la instancia de revisión planteada por el Gobierno y dejó vigente la orden judicial que obliga a avanzar en la aplicación de la ley, mientras continúa el debate de fondo en el expediente.
