La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional volvió a escalar, esta vez por el destino de los aportes previsionales de miles de trabajadores estatales bonaerenses. Tras la demanda presentada por la administración de Javier Milei ante la Corte Suprema, el gobierno de Axel Kicillof salió a respaldar la decisión de transferir esos aportes desde la Anses al Instituto de Previsión Social (IPS).
El encargado de fijar la posición del Ejecutivo bonaerense fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien defendió la medida y sostuvo que responde a la naturaleza provincial de las empresas involucradas.
“Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, sus trabajadores deben realizar los aportes a la caja previsional bonaerense para acceder luego a una jubilación provincial”, afirmó durante una conferencia de prensa.
La medida quedó establecida en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobada por la Legislatura bonaerense. La norma dispone que las empresas estatales de la Provincia dejen de realizar los aportes patronales a la Anses y comiencen a efectuarlos al IPS, lo que implica redireccionar millones de pesos mensuales correspondientes a unos 20.000 trabajadores.
La reacción del Gobierno nacional no tardó en llegar. La administración de Milei promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS, al considerar que la decisión invade competencias federales, perjudica el financiamiento de la Anses y genera un conflicto entre los sistemas previsionales nacional y provincial.
Desde La Plata rechazaron esos argumentos. Bianco aseguró que la demanda busca “dificultar la gestión” del gobierno bonaerense y sostuvo que el verdadero objetivo de la Casa Rosada es impedir que esos recursos dejen de ingresar al organismo previsional nacional.
“El Gobierno nacional no se quiere quedar sin esos fondos, pero además va en contra de la doctrina que históricamente sostuvo la propia Anses”, afirmó el ministro. En ese sentido, recordó que en otros antecedentes similares el organismo previsional avaló que trabajadores de empresas estatales provinciales realizaran sus aportes a las cajas jubilatorias locales.
El cambio alcanza a empleados de empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Bagsa, Ceamse y otras firmas estatales vinculadas a los servicios públicos y la energía.
En paralelo, el conflicto también llegó al ámbito educativo. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense para que se declare inconstitucional el mismo artículo del Presupuesto, al entender que obliga a las instituciones privadas a trasladar los aportes previsionales de docentes y auxiliares al IPS.
De acuerdo con estimaciones del sector, si esa disposición se mantiene vigente, el alcance podría ampliarse hasta abarcar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre docentes, auxiliares y personal no docente de establecimientos educativos privados de la provincia.
