La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la condena que la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos. En un artículo publicado simultáneamente en medios internacionales, sostuvo que la sentencia vulnera garantías fundamentales y denunció que fue víctima de una persecución política atravesada por un “machismo estructural”.
El texto, titulado El costo democrático de la politización de la justicia, fue difundido este miércoles en diarios como El País de España y Libération de Francia, mientras que sus abogados oficializaron la presentación ante el organismo con sede en Ginebra.
La exmandataria afirmó que el objetivo central de la condena no fue la pena de prisión, sino impedirle participar de la vida política. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria”, sostuvo.
En su escrito, Cristina aseguró que el proceso judicial en su contra debe analizarse como una violación a los derechos humanos y vinculó la condena con un “machismo estructural” presente en sectores del Poder Judicial. En ese sentido, cuestionó que sea la única mujer elegida y reelegida presidenta de la Argentina condenada por la Corte Suprema y sostuvo que durante años fue juzgada no solo por sus actos, sino también por su condición de mujer.
Además, relacionó la violencia política y mediática sufrida con el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que ese contexto refleja una forma de discriminación que excede su situación personal.
La expresidenta también advirtió que la utilización de la Justicia para excluir dirigentes con respaldo popular constituye un fenómeno que se repite en distintos países. “Cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”, afirmó.
Para esta nueva etapa de su defensa convocó al exjuez español Javier Borrego y al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá resolver si admite la presentación. En caso de hacerlo, podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.
Cristina concluyó su mensaje asegurando que continuará luchando por demostrar su inocencia y llamó a sus seguidores a no perder la esperanza. “Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”, expresó.
