A un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones sociales y entidades del sector aseguran que la mayor parte de las medidas previstas continúa sin aplicarse. Mientras tanto, las pensiones por discapacidad perdieron poder adquisitivo frente a la inflación, miles de prestadores atraviesan una situación financiera crítica y más de 227 mil personas permanecen a la espera de una respuesta sobre sus solicitudes.
Desde la Fundación IPNA, que trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad en Cañuelas, describen el impacto cotidiano de esta situación. Allí, los asistentes desarrollan actividades productivas, cultivan una huerta, administran un café al paso y construyen herramientas para una vida más autónoma. Sin embargo, sostener ese trabajo se vuelve cada vez más difícil.
“Es un espacio donde las personas lograron independencia, vínculos y una rutina. Para muchas familias representa la diferencia entre la inclusión y la exclusión”, explicó Alex Goldman, presidente de la institución e integrante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis).
Los datos reflejan el deterioro del sistema. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la inflación acumuló un 33,5%, según el INDEC. En ese mismo período, las pensiones por discapacidad aumentaron apenas un 24,3%, pasando de $283.306 a $352.322, incluyendo el bono de $70.000. La diferencia implica una pérdida cercana a nueve puntos porcentuales frente al costo de vida.
A ese escenario se suma el retraso en el otorgamiento de nuevas pensiones. Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a partir de un pedido de acceso a la información pública, reveló que existen 227.354 expedientes pendientes de resolución. El 72% corresponde a trámites iniciados antes del 31 de diciembre de 2023, mientras que otros 90.791 fueron presentados entre enero de 2024 y abril de 2026.
Desde el CELS remarcaron que durante más de dos años la gestión nacional resolvió apenas 10.374 solicitudes —8.633 otorgadas y 1.741 rechazadas—, una cifra muy inferior al volumen de expedientes acumulados.
Las organizaciones también alertan por la situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad. En una presentación judicial realizada por el CELS, REDI y otras entidades, señalaron que hogares, centros de día, instituciones educativas terapéuticas y transportistas enfrentan serias dificultades económicas debido al atraso de los aranceles y al incremento sostenido de los costos.
Según advirtieron, este panorama obliga a muchas instituciones a reducir prestaciones, endeudarse o incluso cerrar sus puertas, afectando directamente a las personas con discapacidad, que ven interrumpidos tratamientos, servicios de transporte y procesos de inclusión educativa, social y laboral.
Entre los reclamos también figura la derogación del régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos en el transporte de larga distancia y la escasa participación de las organizaciones del sector en la elaboración de políticas públicas.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, sostuvo que algunos aspectos de la ley comenzaron a aplicarse, como la actualización mensual de los aranceles, aunque aclaró que esos incrementos parten de valores muy retrasados. Además, señaló que la compensación económica prevista para los prestadores todavía no fue abonada y que continúa pendiente el estudio de costos establecido por la propia normativa para actualizar adecuadamente los valores del sistema.
La activista Gabriela Bruno, secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, afirmó que la reglamentación de la ley dejó sin resolver los problemas estructurales. Según explicó, tampoco se avanzó en mecanismos de financiamiento para el sistema de prestaciones previsto por la Ley 24.901 ni en la cancelación de la deuda acumulada con los prestadores.
Desde las organizaciones coinciden en que, pese a que la ley continúa vigente, las personas con discapacidad siguen enfrentando dificultades para acceder a derechos básicos y desarrollar una vida autónoma. Mientras tanto, cientos de miles de expedientes permanecen sin resolución y las instituciones advierten que la crisis financiera amenaza la continuidad de los servicios.
