La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó nuevos elementos que podrían agravar su situación judicial. Según la información incorporada a la causa, el exfuncionario realizó consumos con tarjetas de crédito por un total de 139 millones de pesos durante el período en que integró el Gobierno nacional.
La pesquisa, encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, reconstruyó movimientos financieros correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de este año. De acuerdo con la documentación analizada, los gastos mensuales registrados oscilaban entre los 4 y los 6 millones de pesos, cifras que superaban el salario que percibía como funcionario, estimado en alrededor de 3,5 millones de pesos hacia fines de 2025.
Los investigadores también detectaron compras por más de 5,1 millones de pesos realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a dos colaboradores de la Presidencia: Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Aluju, integrante de la Vocería Presidencial.
Una de esas operaciones quedó respaldada por el testimonio de Schiuma, quien declaró ante el Tribunal Oral Federal N°7 que le prestó su tarjeta a Adorni para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 valuado en más de 2,1 millones de pesos. Según afirmó, el dinero le fue reintegrado posteriormente en efectivo.
La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que el uso de tarjetas de terceros habría tenido como objetivo evitar que determinadas compras, principalmente vinculadas a equipamiento tecnológico y videojuegos, quedaran asociadas directamente al exfuncionario.
La causa también incorpora sospechas sobre importantes pagos realizados en efectivo. Entre ellos figura la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por las remodelaciones efectuadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Mientras avanza la investigación, el fiscal Pollicita aguarda el informe patrimonial definitivo elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con esa documentación buscará determinar si existe un desfasaje entre los ingresos declarados y el patrimonio del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
Si las explicaciones que presente Adorni no logran justificar el origen de los fondos, la fiscalía podría solicitar su citación a declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.
