La Justicia porteña avanzó con una resolución que cambia de manera significativa el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo determinó que plataformas como Uber, DiDi y Cabify deberán ajustarse a requisitos similares a los que cumplen taxis y remises, incluyendo la obligación de contar con licencia profesional y seguros específicos para pasajeros.
La sentencia establece que los conductores ya no podrán operar bajo la figura de “transporte privado”, como sostenían las empresas hasta ahora. Según los jueces, ante la falta de una regulación específica, la actividad debe quedar encuadrada dentro del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
De esta manera, quienes trabajen mediante aplicaciones deberán tramitar licencias habilitantes profesionales y contratar seguros especiales de responsabilidad civil y cobertura para pasajeros, del mismo modo que ocurre con el transporte tradicional.
Los magistrados rechazaron además la postura de las compañías, que argumentaban que su actividad estaba alcanzada únicamente por el Código Civil y Comercial y que las plataformas funcionaban apenas como intermediarias tecnológicas.
En el fallo, la Cámara citó antecedentes internacionales y consideró que estas aplicaciones constituyen servicios globales de transporte y no simples herramientas digitales. También remarcó que existe un fuerte desequilibrio regulatorio mientras taxis y remises enfrentan controles, habilitaciones y costos que las aplicaciones no cumplen.
“El funcionamiento de facto de estas plataformas genera competencia desleal y afecta estándares básicos de seguridad”, señalaron los jueces.
La resolución incluyó además cuestionamientos directos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por permitir una “apariencia de regularidad” en torno a las aplicaciones. Los magistrados criticaron que, mientras en algunos ámbitos oficiales se calificaba a estos servicios como “clandestinos”, al mismo tiempo se autorizaba publicidad vinculada a las plataformas.
En ese contexto, la Justicia ordenó al Ejecutivo porteño avanzar también sobre el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las empresas de transporte digital, ya que actualmente no tributan formalmente en la jurisdicción.
El fallo fija además una serie de medidas concretas que deberán aplicarse mientras continúe la falta de una ley específica para regular la actividad.
Por un lado, la Ciudad no podrá seguir cobrando determinados aranceles y trámites locales a taxistas y remiseros —como renovaciones de licencias o transferencias— hasta que exista igualdad de condiciones regulatorias entre todos los actores del sistema.
También se ordenó reforzar el control sobre la publicidad de las aplicaciones para evitar que los usuarios sean inducidos a error respecto del tipo de servicio que están contratando.
Otro de los puntos más sensibles de la resolución obliga al Gobierno porteño a realizar campañas masivas de información pública sobre los riesgos de seguridad asociados al uso de estas plataformas. Según dispuso la Cámara, deberá advertirse a los pasajeros que podrían viajar en vehículos cuyos conductores no cuentan con licencia profesional habilitante ni con seguros obligatorios equivalentes a los exigidos para taxis y remises.
El fallo marca un precedente importante sobre el alcance del poder de regulación local en materia de transporte urbano y deja a las aplicaciones frente a un escenario de presión creciente para regularizar su situación en la Ciudad de Buenos Aires.
