El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un plan para aliviar la carga fiscal de jubiladas, jubilados y pensionados con deudas en el Impuesto Inmobiliario, en un contexto económico que golpea con especial fuerza a quienes tienen ingresos fijos.
La iniciativa, implementada a través de Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, parte de un dato concreto: unas 17.000 personas acumulan deudas por cerca de $798 millones. Sin embargo, desde el organismo advierten que muchos de esos contribuyentes podrían estar alcanzados por exenciones vigentes, aunque nunca las tramitaron por desconocimiento o trabas burocráticas.
El eje del programa es un abordaje territorial inédito. Equipos de ARBA, junto a los municipios, realizarán operativos “casa por casa” para contactar a los potenciales beneficiarios y asistirlos de manera directa en la gestión de los trámites.
Según explicó el titular del organismo, Cristian Girard, la intención es facilitar el acceso sin generar temor ni confusión: se buscará una atención simple, personalizada y sin intermediarios. El despliegue contará con las 172 oficinas que ARBA tiene distribuidas en todo el territorio bonaerense, además de jornadas específicas para resolver gestiones en el momento.
El plan está dirigido a quienes cumplan ciertos requisitos: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser propietarios de una única vivienda, que el inmueble tenga una valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscriptos en Ingresos Brutos.
El beneficio no solo abarca deudas acumuladas de hasta cinco años, sino también obligaciones futuras, lo que implica un alivio integral para los sectores alcanzados.
Para ampliar el alcance, ARBA ya comenzó a cruzar datos con el Instituto de Previsión Social, lo que permitió detectar los primeros casos. En paralelo, el organismo solicitará información a la Administración Nacional de la Seguridad Social para identificar a más jubilados y pensionados que podrían acceder al beneficio sin haberlo solicitado.
Desde la conducción de ARBA también advirtieron sobre el contexto económico que atraviesa la provincia. Girard señaló que la recaudación se encuentra en niveles similares a los de la pandemia, reflejando una caída de la actividad. En esa línea, datos oficiales indican que la economía bonaerense registró una baja interanual del 3,6% a febrero de 2026, mientras que la industria cayó un 1,7%.
Frente a este escenario, el gobierno de Axel Kicillof busca reforzar políticas que contemplen la situación de los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, faciliten el cumplimiento tributario.
Desde la Provincia remarcan que la medida apunta no solo a regularizar deudas, sino también a evitar que se generen obligaciones innecesarias en contribuyentes que podrían estar exentos. “Queremos simplificar y garantizar derechos”, resumió Girard.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la equidad fiscal y sostener el vínculo entre el Estado y los contribuyentes en un escenario donde cada ingreso cuenta.
